A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 001 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y la Superintendencia de Sociedades, suscitado por una demanda de reparación directa instaurada por un ciudadano, en contra del departamento de Córdoba, cuyas pretensiones, entre otras, son que se declare al demandado responsable por los daños y perjuicios derivados de la dilación en el cumplimiento del acuerdo de reestructuración que reconoció las acreencias laborales pero, la administración omitió su deber objetivo de cuidado al diferir el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que, según el demandante, la demora en los pagos, que superaron los tiempos establecidos en el Acuerdo de Reestructuración constituye una indebida operación administrativa, generadora de perjuicios que desconocen lo establecido tanto en el acuerdo, como en la Ley 550/99.

La Sala considera pertinente reiterar la regla de decisión del Auto 3121/23, según la cual, de conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisi[ones] de una entidad pública, omisión que se alega aquí, de la entidad territorial demandada.